La justicia vuelve a dar la razón a Fulgencio Gil y archiva por segunda vez la denuncia que interpuso el portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Lorca

La justicia vuelve a dar la razón a Fulgencio Gil y archiva por segunda vez la denuncia que interpuso el portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Lorca

• Queda demostrado y acreditado el buen hacer de esta alcaldía, su equipo de gobierno y los funcionarios municipales a los que se les ha acusado de forma irresponsable, puesto que la Justicia ha dejado claro que siempre se actuó con respeto a la ley, al interés general y siguiendo los trámites administrativos adecuados.

• Para la elaboración del auto de archivo se ha tenido en cuenta un informe especialmente clarificador de la Fiscalía, que afirma de forma textual que “Esta parte tampoco es ajena a que sobre la parte denunciante pesa la sospecha de interés espurio” y “no puede obviarse una cierta instrumentalización de las actuaciones penales”.

15 febrero, 2021.- La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número cuatro de Lorca ha acordado el archivo y sobreseimiento de la denuncia que presentó el portavoz del Grupo Municipal del partido Ciudadanos, contra Fulgencio Gil, un archivo que se suma al que ya dictaminó años atrás la Fiscalía Superior de la Región de Murcia.

El auto redactado por la juez es muy contundente, y señala de forma literal que “no resulta acreditada la perpetración de infracción”, y añade que “no puede obviarse una cierta instrumentalización de las actuaciones penales por el denunciante, a la sazón portavoz del partido de Ciudadanos”.

Para la elaboración de dicho auto se ha tenido en cuenta un informe especialmente clarificador y con extensa jurisprudencia elaborado por la Fiscalía que afirma de forma textual que “Esta parte tampoco es ajena a que sobre la parte denunciante pesa la sospecha de interés espurio” y “no puede obviarse una cierta instrumentalización de las actuaciones penales”.

            Queda demostrado y acreditado el buen hacer de esta alcaldía, su equipo de gobierno y los funcionarios municipales a los que se les ha acusado de forma irresponsable, puesto que la Justicia ha dejado claro que siempre se actuó con respeto a la ley, al interés general y siguiendo los trámites administrativos adecuados. Las contrataciones se hicieron correctamente y “con criterios de interés general”.

            La juez responsable de este asunto ratifica en su texto que “No resulta debidamente acreditada la perpetración de la infracción penal”, “Los hechos imputados no han quedado mínimamente acreditados”, “Procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones ya que, examinadas las actuaciones, no existen indicios suficientes, ni consistentes”, “Los hechos imputados carecen de trascendencia penal, más allá de las meras sospechas mantenidas por la parte denunciante”. En conclusión, “Procede el dictado del sobreseimiento de la causa ya que por este Juzgado se han practicado todas las diligencias de instrucción acordadas”.

Esta denuncia del Grupo Municipal del partido Ciudadanos en el ayuntamiento de Lorca se archiva otra vez, como ya ocurrió con las que dirigieron contra de Aguas de Lorca, contra el interventor en el Tribunal de Cuentas y contra proveedores municipales, y se suma a su estéril participación en otra denuncia famosa, la que el PSOE dirigió contra Limusa, y que también fue desestimada.

El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha manifestado que siempre estuve tranquilo porque sabía lo que iba a pasar, aunque es cierto que nadie me ha podido ahorrar un innecesario calvario mediático y la consecuente “pena de telediario”, además del calvario social que conllevan este tipo de denuncias politizadas. El auto de la juez retrata a cada uno, y nos debe llevar a todos a realizar una serena reflexión sobre los límites éticos de la política.

El auto, aunque era esperado por todos y confirma el archivo de hace unos años, constituye una victoria jurídica y moral, y del contexto de este asunto se concluye que lo que quiso hacer Ciudadanos fue interponer una denuncia a seis meses de las elecciones, incluso cuando el Fiscal Superior ya la había archivado. Lo mínimo tras lo acontecido es que pidan perdón.