El PP manifiesta su “profunda preocupación” por el efecto dominó que puede iniciar la primera condena contra el Ayuntamiento por los convenios urbanísticos de planeamiento

El PP manifiesta su “profunda preocupación” por el efecto dominó que puede iniciar la primera condena contra el Ayuntamiento por los convenios urbanísticos de planeamiento

• Fulgencio Gil solicita una reunión inmediata de la Comisión de Urbanismo en la que se puedan analizar con luz y taquígrafos los detalles que rodean este caso, que abriría un nuevo escenario de posibles reclamaciones, obligando a devolver millones de euros.

• Diego J. Mateos ocultó deliberadamente que se trata de un convenio incluido en el Plan General, no de los denominados “Trampa”, sino uno de los casi 90 contenidos en el planeamiento municipal. Mateos conocía la condena desde julio de 2021, pero no informó a los miembros de la Corporación Municipal.

24 noviembre, 2022.- El pasado lunes el Grupo Municipal Popular tuvo noticia a través de los medios de comunicación de que el Ayuntamiento de Lorca ha sido condenado mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, a devolver el dinero ingresado por un convenio urbanístico aprobado en el año 2005. De acuerdo con lo que hemos podido comprobar tras acceder al texto de esta sentencia, los lorquinos vamos a tener que pagar:

1. el 100% del dinero que los promotores adelantaron en su momento al Ayuntamiento, una cantidad aproximada de 547.870 €,
2.  6.000 €, porque la sentencia también condena al Ayuntamiento al abono de las costas del proceso.
3. Los intereses de demora acumulados.

            Nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que pese a la gravedad y repercusiones que pueden derivarse de este juicio y la posterior sentencia, el actual alcalde no ha informado en ningún momento al resto de grupos de la Corporación Municipal de lo que estaba ocurriendo. Este detalle no debe pasar desapercibido, especialmente cuando se da la circunstancia de que el reciente pronunciamiento judicial del TSJ no les ha cogido “por sorpresa”, sino que se deriva de una condena anterior impuesta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, que fue ocultada por Diego José Mateos a todos los grupos municipales y a los lorquinos en general.

            Una vez “destapada” la condena gracias a su difusión en la prensa, esperábamos las oportunas explicaciones del Sr. Mateos, responsable directo de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, y también responsable de, al menos, haber trasladado qué es lo que ha ocurrido, algo que no ha hecho. Su actitud ha dejado mucho que desear. Ha faltado a sus compromisos con el resto de la Corporación, a quien está obligado moral e institucionalmente a informar de las cuestiones que puedan representar una afección hacia nuestro Ayuntamiento. Haber intentado por todos los medios que algo así pasara desapercibido no dice nada en su favor.

            Mateos ha tratado de despachar este tema desviando la atención, y afirmando que daba por “acabada” la deriva judicial de los convenios urbanísticos de 2005. De esta forma, intentaba confundir tanto a los medios de comunicación como al resto de la opinión pública, haciendo creer que este convenio pertenece a los denominados “trampa”, también de ese año. Nada más lejos de la verdad. Ahí precisamente ha estado la trampa, el engaño y la desinformación.

            Este convenio no pertenece a los del SIDU, sino que es un convenio de planeamiento, incluido en el Plan General de Ordenación Municipal.

            No es sólo que esta condena judicial no vaya a cerrar los procesos contra el Ayuntamiento por convenios urbanísticos, sino que puede tener un efecto dominó, porque es la primera vez que el Consistorio es condenado con sentencia firme a devolver el dinero de este tipo de convenios urbanísticos. Así, se abre un escenario de máxima preocupación, en el que sobran manipulaciones y medias verdades que se han mostrado como la peor de las mentiras.

            Mateos tendría que habernos explicado con luz y taquígrafos lo que ocurre, ya que existen casi 90 convenios de planeamiento muy similares a este, cuyos promotores anticiparon dinero al Ayuntamiento. Por cierto, dinero que se fundió en gasto corriente.

            El juez basa su condena en que el ayuntamiento incumplió su obligación de conceder licencia a los promotores en un periodo de 6 meses tras solicitarla, es decir, antes de noviembre de 2006, compromiso que también figura en el resto de convenios de planeamiento.

            De esta forma el Sr Mateos se acaba de meter en un jardín del que no quiere ser consciente, pero constituye un grave problema ante el cual lo peor que podía hacer es recurrir a la desinformación, ocultando intencionadamente la verdad.

            Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que Mateos tiene que ofrecer explicaciones ante esta condena judicial, por lo que esta misma mañana hemos presentado un escrito exigiendo una reunión urgente y monográfica de la Comisión Municipal de Urbanismo en la que podamos analizar las consecuencias de esta sentencia, que se suma a todas las condenas millonarias acumuladas por los convenios urbanísticos trampa aprobados por el PSOE en solitario en 2005.

            El horizonte de posibles nuevas reclamaciones conduce a un contexto incierto y preocupante, que vuelve a comprometer el dinero de los lorquinos, la estabilidad económica del Ayuntamiento y las actuaciones que pudieran desarrollar futuras corporaciones municipales. Nosotros ofrecemos mano tendida, colaboración y lealtad con Lorca, pero exigimos que no vuelvan a caer en este tipo de triquiñuelas. Los lorquinos merecen saber la verdad.

            Hemos de recordar que el PP no aprobó este convenio en el pleno de 2005, y nuestro portavoz, Francisco Jódar, alertó de que estaban “haciendo un uso abusivo de los convenios urbanísticos”, añadiendo que “su abuso supone efectos perniciosos y antisociales”, y además anticipó que “surgirán dificultades para la aprobación de los oportunos planes parciales, lo cual puede generar dificultades para las próximas Corporaciones al encontrarse con procedimientos judiciales que pidan la devolución de las cantidades adelantadas”.