17 de noviembre, 2025.- El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca va a presentar una moción en el próximo Pleno Municipal para exigir al Gobierno de España que investiguen de forma exhaustiva e independiente los fallos recientes del sistema COMETA, incluyendo el ocurrido el 11 de noviembre de 2025, así como los acumulados durante el año 2024, y se publiquen de forma transparente cuántas mujeres podrían haberse visto afectadas por incidencias técnicas y qué medidas correctivas se han adoptado.
Así lo ha trasladado la edil de Mujer, María de las Huertas García, que ha insistido en “la necesidad de que se garantice la fiabilidad y supervisión continua del sistema de pulseras telemáticas, reforzando la vigilancia técnica y la auditoría de las empresas adjudicatarias, reforzando los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas, especialmente en las comunidades autónomas donde estos fallos hayan tenido incidencia, como la Región de Murcia”.
La propuesta hace hincapié en la importancia de mantener actualizado el registro de mujeres protegidas por el sistema COMETA y que se comunique de inmediato cualquier incidencia que afecte a su funcionamiento.
En los últimos días, se ha vuelto a conocer un nuevo fallo técnico que afectó al seguimiento en tiempo real de los dispositivos utilizados para vigilar a agresores condenados o con medidas cautelares. El propio Ministerio trata de argumentar que los protocolos de emergencia se activaron y que el “botón del pánico” se mantuvo operativo, pero este nuevo incidente vuelve a poner en cuestión la fiabilidad de un sistema del que dependen más de 4.500 mujeres en toda España, y 35 mujeres en la Región de Murcia, que actualmente están siendo protegidas mediante este mecanismo.
La empresa adjudicataria y el Ministerio ya habían reconocido problemas graves en el acceso a los historiales de localización durante varios meses del año 2024, generando serias dudas sobre el seguimiento efectivo de los casos y su validez como prueba en procesos judiciales. Pese a ello, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha restado importancia a los fallos, asegurando que afectan a “menos del 1% de los dispositivos”, sin ofrecer una auditoría pública ni información detallada que respalde dichas afirmaciones.
“Esta falta de transparencia y de rendición de cuentas resulta especialmente preocupante cuando lo que está en juego es la vida y la seguridad de mujeres que tienen que estar debidamente amparadas por el Estado. Entendemos que la defensa de las mujeres que sufren esta situación exige responsabilidad, eficacia y transparencia. Cada avance legislativo o tecnológico en la protección de las víctimas debe ir acompañado de una gestión rigurosa, un control técnico fiable y una respuesta inmediata ante cualquier fallo que ponga en riesgo vidas”, ha apuntado la edil.
En la Región de Murcia, y concretamente en Lorca, existen mujeres que viven bajo la protección de dispositivos electrónicos, confiando en que el sistema no vuelva a fallar, funcione correctamente y en que el Estado cumpla con su deber de garantizar su seguridad. Cuando estos dispositivos fallan o no se supervisan adecuadamente, el mensaje que reciben es de desamparo institucional.
“A esta situación se suma la opacidad que rodea los efectos de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”. Hasta el 24 de noviembre de 2023, el Ministerio de Justicia informó oficialmente de 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones de agresores sexuales derivadas de la aplicación retroactiva de la norma, pero desde esa fecha se dejó de actualizar la información pública, alegando que el proceso de revisión de condenas estaba prácticamente finalizado. Por eso solicitamos también que se actualicen y hagan públicos los datos oficiales relativos a la aplicación de esta Ley, garantizando transparencia y evaluación de resultados”.
Para finalizar, María de las Huertas García, ha reseñado “la importancia que tiene en todo el proceso la coordinación con los ayuntamientos los protocolos de atención y seguimiento establecidos, garantizando recursos suficientes para la asistencia y protección local”.
Se dará traslado de esta moción al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Justicia, al Gobierno de la Región de Murcia, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al Instituto de las Mujeres, para su conocimiento y consideración.