El Pleno del Ayuntamiento de Lorca, a iniciativa del PP, exige al gobierno de Sánchez la anulación del proceso de regularización masiva de extranjeros

Es una medida que nadie comparte, ni la Unión Europea, ni los sindicatos policiales ni la inmensa mayoría de los españoles. Premia a las mafias que trafican con seres humanos y ha detonado un efecto llamada descomunal.

Es muy evidente que el objetivo de este proceso es adulterar el censo de votantes de cara a las próximas elecciones, y que a la regularización le va a seguir la concesión de la nacionalidad y el voto, como ya ha anunciado la izquierda.

El PP lorquino denuncia que el PSOE "está regalando la ciudadanía española al primero que pasa por la puerta ¿es que ser español, haber nacido aquí y tener padres y abuelos que han contribuido a levantar España no vale de nada?"

Lorca, 23 de febrero de 2026.- La secretaria general del Partido Popular y Portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, ha informado que el Ayuntamiento de nuestra ciudad, en la sesión de Pleno celebrada esta mañana, ha aprobado una moción del PP lorquino rechazando el proceso extraordinario de regularización de extranjeros aprobado de forma unilateral por el Gobierno de España y exigiendo su retirada inmediata.

La secretaria general del PP lorquino, Rosa María Medina, ha manifestado que la política migratoria sea debatida y acordada en las Cortes Generales, habida cuenta de que este proceso, por primera vez en la historia, se ha promovido a espaldas del parlamento, tanto del congreso como del senado.

Rosa Medina ha subrayado que la política migratoria actual tiene que centrarse en reforzar el control de nuestras fronteras, ejecutar las expulsiones, devoluciones y retornos de delincuentes; combatir las mafias de tráfico de personas y alinear la política migratoria nacional con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Desde el PP lorquino se ha puesto de manifiesto que este proceso es un disparate porque castiga y penaliza a las personas que sí han entrado de forma legal en España, con un contrato de trabajo, y que han desarrollado su proyecto de vida aquí de acuerdo a la ley y respetando nuestra sociedad. Están regalando la ciudadanía española al primero que pasa por la puerta ¿es que ser español, haber nacido aquí y tener padres y abuelos que han contribuido a levantar España no vale de nada? Es una medida que premia a las mafias que trafican con seres humanos, a los patrones de las pateras y los cayucos y a quienes han entrado ilegalmente en nuestro país. Rechazamos esta barbaridad porque no responde en absoluto a criterio alguno de humanidad, sino al miserable interés político del sanchismo.

El PSOE se está equivocando gravemente en todo lo que tiene que ver con este asunto, ejerciendo una irresponsabilidad total, que rechazan la inmensa mayoría de los españoles. Aquí en Lorca ya sabemos que esta forma de actuar de los socialistas viene de lejos, porque en nuestro municipio promovieron activamente entre 2019 y 2023 la nacionalización de extranjeros en Lorca, con una Concejalía de Inmigración que expedía informes de arraigo: pasaron de 224 en 2019 a 688 en 2022, y se le otorgó acceso directo al registro del Ayuntamiento y al padrón municipal, ventajas que no tenía ninguna otra concejalía. En cuanto recuperamos el Ayuntamiento en 2023, desmontamos ese chiringuito y nos cargamos el sistema socialista que estaba expandiendo el modelo de ciudad dormitorio. Ahora se sacan de la manga esta barbaridad para seguir con su ejercicio de cambio social, pero se lo vamos a impedir con todos los mecanismos y recursos que podamos".

Desde el PP lorquino han recordado que detrás de esta nacionalización están los mismos de siempre, los socialistas de Casalduero, que son más sanchistas que Pedro Sánchez. Es su gobierno, es su decisión y su responsabilidad. Hace unos años todos escuchamos en los medios de comunicación lo que fueron capaces de hacer en determinadas reuniones engañando a inmigrantes, cuyos audios trascendieron a la opinión pública, prometiendo prebendas a cambio de votos.

El PSOE ha optado por impulsar una regularización masiva mediante Acuerdo unilateral aprobado por el Consejo de Ministros, eludiendo deliberadamente el debate parlamentario y el necesario control de las Cortes Generales, pese a tratarse de una decisión de enorme impacto social, económico, jurídico y territorial.

Dicho Acuerdo se adopta al margen de las Cortes Generales, después de que el propio Gobierno comprobara que no disponía de la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular de regularización, una vez presentadas las enmiendas por los distintos grupos parlamentarios.

Este planteamiento es frontalmente contrario al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que rechaza las amnistías migratorias colectivas y apuesta por procedimientos individualizados, vinculación al empleo, control efectivo de fronteras, retornos reales y lucha contra las mafias de tráfico de personas. De hecho, la Comisión Europea ha mostrado sus serias reservas a la decisión por “no estar en línea con el espíritu de la Unión Europea en materia de inmigración”.

Además, esta se pretende realizar sin memoria económica, sin planificación de impacto en servicios públicos y sin refuerzo previo de fronteras ni de los sistemas de retorno, cuando España apenas ejecuta el 17% de las órdenes de expulsión dictadas. Es decir, se regulariza sin controlar entradas y sin hacer cumplir las salidas.

Esta medida constituye un incentivo directo a las redes mafiosas de tráfico de personas que se lucran del llamado “efecto llamada”, al trasladar la expectativa real de regularización legal con independencia de cómo se haya accedido al país.

Las consecuencias de decisiones irresponsables como estas serán inmediatas: más llegadas irregulares, más mafias lucrándose, más presión sobre los servicios públicos y, sobre todo, más tragedias humanas, hombres, mujeres y menores, intentando alcanzar nuestras costas y muchos de ellos, perdiendo la vida en el intento.