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• El cierre de la playa de Coy ha sido una imposición directa y unilateral del alcalde del PSOE, y se ha hecho sin contar con los vecinos. Las excusas que se han dado para impedir a los vecinos su utilización no se corresponden con la realidad en absoluto.

• El gobierno del Sr Mateos, que estaba ocultando esta información e incumpliendo las Leyes de Trasparencia y Contratos del Sector Público, no colgó en la página web municipal estos datos hasta horas después de que el PP desvelase lo que estaba ocurriendo.

• Se trata de un proyecto pionero a nivel regional, que contaría con líneas de emprendimiento para Redes Sociales, Cloud computing, Big data, Social Commerce, Green computing, Universo móvil, Desarrollo de apps, Soluciones tecnológicas, Biotecnología, Domótica y robótica, entre otras.

• La Ley establece la obligación taxativa de que esta información se publique de manera clara, estructurada y entendible, e incluye esta regla en las obligaciones de publicidad activa, las cuales, conforme a la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

• Los vecinos de barrios y pedanías quieren tomar las riendas y decidir directamente las actuaciones a desarrollar en sus lugares de residencia porque no se resignan a sufrir las calles, caminos y plazas más sucias y peor mantenidas de la historia de la democracia.

• Los populares reclaman que el ayuntamiento se haga cargo del gasto extra que conlleva a cada establecimiento la obtención del mencionado sello, tal y como siempre hizo el Partido Popular con iniciativas similares, como el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED).

• Después de ahorrarse cientos de miles de euros por cancelar la Feria, Noche de los Museos, Semana Santa, Feria de la Virgen de las Huertas, programación del teatro, cursos de la universidad popular, cursos para personas mayores, programa de acciones con colectivos de mujeres, cierre de las piscinas municipales… tienen el “arrojo” de presentar un fiasco improvisado.

• Los populares rechazan que el actual alcalde haya puesto a los empleados de Limusa a despejar las ramblas, ya que la función de estos profesionales es la limpiar las calles.

• Los populares consideran más que necesaria la instalación de un cercado perimetral, que los propios vecinos reclaman para evitar el acceso de las mascotas porque realizan sus deposiciones sobre el coralino, lo que ha provocado que los niños dejen de utilizarlo.

• La Comunidad Autónoma pone a disposición de los ayuntamientos 3.200 tests de coronavirus, mientras que el alcalde del PSOE en Lorca sigue discriminando a los empleados municipales. Los populares exigen que no dejen escapar esta oportunidad.